La suspensión del partido entre Millonarios y Once Caldas desató la indignación de miles de aficionados y reabrió el debate sobre el uso del principal escenario deportivo de Bogotá
Lo que debía ser una fiesta del fútbol terminó convertido en un episodio de indignación, desconcierto y controversia.
Por SAMUEL SALAZAR NIETO
La decisión de suspender el partido entre Millonarios y Once Caldas, cuando miles de aficionados ya se encontraban en el estadio El Campín a la espera del pitazo inicial, desató una fuerte polémica y puso nuevamente en el centro del debate la administración de uno de los escenarios deportivos más importantes del país.
La razón de la suspensión fue el estado de la gramilla, que no ofrecía las condiciones necesarias para disputar el encuentro. La determinación, adoptada por la DIMAYOR a pocos minutos del comienzo del compromiso, dejó a los hinchas sin el espectáculo que esperaban y abrió interrogantes sobre la preparación del escenario y la responsabilidad de quienes tienen a su cargo su administración y mantenimiento.
La controversia adquiere una dimensión mayor si se tiene en cuenta que, apenas la semana anterior, El Campín había sido escenario de un multitudinario concierto. Aunque el contratista responsable de la administración del estadio había transmitido mensajes de tranquilidad sobre las condiciones del terreno de juego, la suspensión terminó poniendo en entredicho esas garantías.
La pregunta que hoy se hacen numerosos aficionados es inevitable: ¿cómo puede un escenario que recibe grandes espectáculos musicales no garantizar, en las condiciones requeridas, la realización de un partido de fútbol profesional?
¿Primero los conciertos, después el fútbol?
El debate no se limita a las condiciones de la cancha. Lo ocurrido ha reavivado el malestar de una afición que considera que los conciertos y otros espectáculos masivos no pueden terminar comprometiendo la actividad para la cual fue concebido el estadio.
Los grandes eventos musicales representan una actividad económica importante, atraen público, generan ingresos y forman parte de la oferta cultural y de entretenimiento de una capital como Bogotá. No se trata, por tanto, de plantear necesariamente una disyuntiva entre música y deporte, sino de establecer reglas claras para que ambas actividades puedan convivir sin que una termine perjudicando a la otra.
El problema surge cuando la realización de un espectáculo deja consecuencias sobre el campo de juego y esas afectaciones impiden que un compromiso deportivo se dispute en condiciones adecuadas.
En ese escenario, los aficionados terminan pagando las consecuencias de decisiones administrativas y operativas sobre las cuales no tienen control. Miles de personas organizaron su jornada, adquirieron sus entradas y se desplazaron hasta El Campín para acompañar a sus equipos. La suspensión, anunciada cuando muchos ya estaban en el estadio, convirtió la expectativa de una jornada futbolera en frustración.
Y hay un elemento adicional: el fútbol profesional no es solamente un espectáculo comercial. Es también una actividad que convoca comunidades, moviliza sentimientos y hace parte de la identidad deportiva de una ciudad.
Para los hinchas de Millonarios y Once Caldas, la discusión no se reduce a una cancha deteriorada. Está en juego el respeto por quienes asisten a los estadios y por una competición que exige escenarios en condiciones apropiadas.
La responsabilidad de los administradores
La suspensión del encuentro plantea interrogantes sobre la planificación de los eventos, la protección de la gramilla y los mecanismos de supervisión que deben garantizar que el escenario se encuentre en condiciones óptimas para cada actividad programada.
Si la cancha no estaba en condiciones de albergar el partido, resulta necesario establecer qué ocurrió, cuándo se detectaron los problemas, qué medidas se adoptaron y por qué no fue posible resolverlos antes de la llegada de los equipos y del público.
También será necesario conocer cuáles fueron las evaluaciones técnicas realizadas sobre el terreno de juego y qué garantías ofreció el operador del estadio después del concierto.
Son preguntas que no deberían quedar sin respuesta.
La responsabilidad no puede diluirse en explicaciones generales sobre las dificultades de mantenimiento de una gramilla sometida a usos intensivos. Si existe un contrato de administración, deben existir igualmente obligaciones verificables, protocolos de conservación y mecanismos para establecer responsabilidades cuando el escenario no puede cumplir con su función deportiva.
El episodio también pone sobre la mesa la necesidad de revisar los procedimientos de coordinación entre el operador, las autoridades deportivas y los organizadores de los distintos espectáculos.
La realización de conciertos no debería programarse de espaldas al calendario futbolístico ni a las exigencias técnicas que demanda la conservación del campo de juego. La planeación debe anticipar los riesgos, no limitarse a reaccionar cuando el daño ya se ha producido.
El dilema de la Administración Distrital
La polémica representa un nuevo desafío para la administración de Bogotá, que deberá responder a las inquietudes de los aficionados y determinar si los mecanismos actuales de administración y vigilancia del estadio son suficientes para proteger su actividad deportiva.
El Campín es uno de los escenarios emblemáticos de la capital. Allí se han disputado partidos históricos, se han celebrado títulos y se han construido buena parte de los recuerdos de varias generaciones de aficionados. Allí está sembrada una historia que data de 1938.
Su aprovechamiento para conciertos y otros eventos puede resultar legítimo y económicamente conveniente. Sin embargo, esa diversificación de usos no debería traducirse en un deterioro de las condiciones que requiere el fútbol profesional.
La discusión, por tanto, exige revisar las prioridades, las obligaciones contractuales y las garantías que deben ofrecer quienes administran el escenario.
¿Existen mecanismos suficientes para sancionar los incumplimientos? ¿Qué garantías tiene la ciudad de que la gramilla estará en condiciones después de cada concierto? ¿Cómo se determina la responsabilidad cuando una actividad impide la realización de otra? ¿Qué medidas se adoptarán para evitar que una situación semejante vuelva a ocurrir?
La Alcaldía y las entidades competentes tienen la oportunidad de ofrecer respuestas concretas y demostrar que el interés público está por encima de cualquier consideración particular.
Los hinchas no pueden seguir pagando las consecuencias
La suspensión del partido entre Millonarios y Once Caldas deja una lección que va más allá de una jornada perdida en el calendario del fútbol colombiano.
Los aficionados merecen respeto. Quienes compran una entrada, se desplazan hasta el estadio y dedican tiempo y recursos para acompañar a sus equipos tienen derecho a esperar que el escenario esté preparado para el espectáculo anunciado, sin perjuicio de las decisiones que deban adoptarse por razones de seguridad o por condiciones técnicas insalvables.
Precisamente por eso, cuando un partido debe suspenderse por el estado de la cancha, es indispensable explicar las causas, establecer responsabilidades y anunciar correctivos.
No basta con reprogramar el encuentro. La DIMAYOR, el operador del estadio y las autoridades distritales deben contribuir a esclarecer lo sucedido, cada uno dentro de sus competencias.
Bogotá no tiene por qué renunciar a los conciertos multitudinarios ni a la actividad cultural que estos generan. Pero tampoco puede aceptar que la realización de esos espectáculos termine comprometiendo el desarrollo normal de sus principales acontecimientos deportivos.
El desafío consiste en garantizar que El Campín pueda cumplir con todos sus propósitos sin sacrificar la calidad del escenario ni los derechos de sus usuarios.
La polémica deja una pregunta que la ciudad no debería eludir: ¿quién debe adaptarse a quién: el fútbol a las exigencias comerciales de los conciertos o la administración del estadio a la obligación de garantizar que el deporte se practique en condiciones adecuadas?
La respuesta no tiene por qué excluir a la música ni a los grandes espectáculos. Lo que sí exige es una administración responsable, una planeación rigurosa y reglas que impidan que los aficionados terminen siendo los perjudicados de una disputa que no les corresponde resolver.
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